El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este lunes una nueva ofensiva en la lucha de la Administración del presidente Donald Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI). En un artículo de opinión publicado en The Wall Street Journal y acompañado de un mensaje en video en redes sociales, Rubio declaró el inicio de una campaña diplomática destinada a desmantelar el tribunal global.
"EE.UU. está lanzando una campaña diplomática con un mensaje simple: los Estados soberanos por encima del globalismo", escribió Rubio.
El anuncio se produce después de que tres jueces de la CPI presentaran el mes pasado una demanda en Nueva York contra el gobierno de Trump, argumentando que las sanciones impuestas por Washington contra funcionarios de la institución son ilegales. Rubio dejó claro que la respuesta será contundente: "Utilizando todas las herramientas a disposición de nuestro Gobierno, trabajando junto a cada aliado con quien podamos hacer causa común, desmantelaremos la CPI —ladrillo por ladrillo si es necesario".
En su texto, el secretario de Estado describió el enfrentamiento como una guerra jurídica contra Estados Unidos. "Mientras hablamos, la CPI y sus amigos están librando una guerra contra nuestro país, no con balas o misiles, sino con estatutos y pactos y la fuerza del llamado derecho internacional", afirmó en el video. Según Rubio, el peligro del tribunal ha crecido hasta amenazar "cada aspecto del sistema político y legal" de EE.UU.
Rubio advirtió que, sin una acción firme, agentes de la Patrulla Fronteriza, infantes de marina y fiscales antiterroristas quedarían "a merced de jueces extranjeros a miles de kilómetros de distancia, enfrentando el riesgo constante de ser procesados e incluso encarcelados por el supuesto crimen de defender su propio país". Concluyó reafirmando la postura de la Administración: "La independencia es nuestro derecho de nacimiento. Nunca permitiremos que burócratas extranjeros nos la arrebaten. Si creen que pueden privarnos de nuestra soberanía, les enseñaremos el verdadero significado de la determinación estadounidense".
- Washington impuso sanciones a nueve funcionarios de la CPI este año, pero ha evitado penalizar a la institución en su conjunto, una medida que, según reportes, podría paralizar su funcionamiento básico. Desde la nación norteamericana temen que el tribunal, cuyas facultades permiten investigar incluso a jefes de Estado en ejercicio, pueda dirigir acciones legales contra el propio Trump y altos cargos una vez que salgan del cargo.
- Reuters informó anteriormente que la Administración de Donald Trump ha exigido a la CPI modificar el Estatuto de Roma para impedir que la organización pueda investigar o procesar al presidente estadounidense cuando termine su mandato en 2029, requiriendo el apoyo de dos tercios de los 125 países miembros, un proceso lento y políticamente complejo.
Estados Unidos nunca ha sido miembro de la CPI. La Administración Trump considera que las investigaciones de la institución judicial sobre personal o acciones militares estadounidenses constituyen una violación ilegítima de la soberanía nacional y una amenaza de someter a ciudadanos estadounidenses a un enjuiciamiento extranjero. Las tensiones se intensificaron drásticamente cuando la CPI solicitó órdenes de arresto contra líderes israelíes (como el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa de la nación hebrea, Yoav Gallant).
- Desde la CPI denunciaron recientemente que las medidas de EE.UU. "son un claro intento de socavar la independencia de una institución judicial internacional que opera bajo el mandato de 125 Estados partes de todos los rincones del planeta".
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